Amigos del pueblo saharaui y periodista expulsados de los TTOO del Sáhara Occidental

 

Antonio, Sergio de CEAS-Sáhara y el periodista José Carmona del diario Público fueron expulsados el pasado domingo de Dajla, antigua Villa Cisneros, ciudad ocupada del Sáhara Occidental.

Iban a Dajla aprovechando que Ryanair inauguraba vuelos a esa ciudad saharaui desde España.

Cabría preguntarse por qué una empresa europea establece una ruta aérea con un territorio que no es Marruecos y en un territorio distinto de Marruecos con un control aeroportuario marroquí.

Las sentencias de octubre de 2024 deja claro que es el territorio del Sáhara Occidental.

Me parece bien que los dos amigos del pueblo saharaui hayan ido a los territorios ocupados. Su acción demuestra que Marruecos algo esconde. Si a estas personas españolas se les impide el derecho de reunión con ciudadanos saharauis dice muy poco de la potencia ocupante, o mejor dicho dice mucho de la potencia ocupante.

Antonio, Sergio y José ya están en España. Han conseguido lo que se pretendía que no es otra cosa que demostrar que en el Sáhara Occidental ocupado si consideras que Marruecos es la potencia ocupante tu vida corre peligro y que acciones como ésta solo es la punta del iceberg de lo que Marruecos somete a todo aquel que osa a reivindicar que concluya un proceso de autodeterminación que lleva abandonado desde 1976.

Ahora a seguir luchando y a redoblar esfuerzos y volcarse con los activistas que se quedan en los TTOO, los saharauis que sufren el acoso a diario se lo merecen.

Sáhara Occidental: Un Golpe Judicial a los Acuerdos UE-Marruecos

 

El pasado 4 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puso fin a un litigio de más de 12 años, emitiendo dos sentencias históricas que confirmaron la nulidad de los acuerdos entre la UE y Marruecos sobre los acuerdo de pesca y productos agrícolas. En esta decisión, el Tribunal desestimó de forma definitiva los recursos presentados por la Comisión Europea, el Consejo y varios países, liderados por España y Francia, que intentaban defender la validez de estos acuerdos.

 El argumento que esgrime el TJUE en las sentencias relativas a la pesca y los productos agrícolas es demoledor: ambos acuerdos violan el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y su soberanía sobre sus recursos. Lo que en el lenguaje coloquial quiere decir que la UE no puede negociar con Marruecos sobre los recursos de un territorio que no le pertenece ya que como dice la sentencia el Sáhara Occidental es un territorio distinto y separado de Marruecos.

 Y claro, si Marruecos no puede negociar sobre estos recursos naturales, ¿a quien atribuye la sentencia esa representatividad?. La sentencia afirma que la representatividad del pueblo saharaui y su legitimidad para actuar ante la Unión Europea corresponde al Frente POLISARIO.

 Lo que todo esto significa es que si España, Francia o la UE quieren importar tomates o pescar en las aguas del Sáhara Occidental deben hacerlo negociando con el representante legítimo del pueblo saharaui.

 Aún hay una tercera sentencia referente a la denuncia del sindicato agrícola francés “Confédération paysanne” contra dos ministerios galos, que indica que el etiquetado de los melones y tomates originarios del Sáhara Occidental deben mencionar este territorio y no Marruecos como país de origen y que este etiquetado, parecería que el Tribunal se anticipa a lo que puede pasar, no debe ser engañoso y debe indicar claramente el Sáhara Occidental como su país de origen.

 En España las organizaciones agrícolas han bendecido las sentencias pues son beneficiosas para el campo español además de hacer justicia a sus legítimos dueños. Recordar que desde julio de 2023, desde que finalizara el acuerdo de pesca, ningún barco de la UE ha podido faenar en aguas saharauis.

 Un gabinete jurídico pequeño, pero con la fuerza que da la verdad, que representa al Frente POLISARIO y al pueblo saharaui, ha logrado vencer a Francia, España, la Comisión Europea, al Consejo, y a los países que apoyaron el recurso. En su reciente fallo, el Tribunal ha hecho prevalecer la justicia sobre los intereses de los más poderosos.

 Nadie cuestiona que las relaciones de España y la UE con Marruecos deben ser sólidas; sin embargo, deben fundamentarse en el respeto al Derecho Internacional y en el reconocimiento del derecho del pueblo saharaui a decidir su propio futuro.

Estas sentencias dinamitan cualquier intento de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental ya que eso significaría actuar en contra del derecho comunitario, que ha dicho claramente que esto no es lícito.

 Frente a la conducta irresponsable de algunos países europeos, como Francia y España, que actuaron de manera unilateral en un intento por modificar la jurídica del territorio, las decisiones del Tribunal han reafirmado que la cuestión del Sáhara Occidental es un asunto de descolonización. Además, la única solución posible, por difícil que parezca, es respetar el derecho del pueblo saharaui a decidir su propio futuro y alcanzar su independencia.

 No hace falta ser experto para ver que el cambio de postura del presidente Sánchez sobre el Sáhara Occidental—apoyando una autonomía dentro de Marruecos como la opción "más" creíble—ha sido claramente desacreditado por el Tribunal de Justicia de la UE. Como potencia administradora de iure, España tiene la responsabilidad ineludible de contribuir a una solución justa y definitiva a este conflicto que lleva décadas sin resolverse formando parte de la solución y no siendo parte del problema.

 Enrique Gómez es miembro de Um Draiga y autor del libro “Una mirada al Sáhara Occidental”

Publicado en el Heraldo de Aragón el 1 de noviembre de 2024

Saharauis en Barajas

 

Desde hace semanas se encuentran en el aeropuerto de Barajas decenas de saharauis en demanda de asilo político. La cantidad de personas que lo solicitan es imprecisa porque sólo se conoce por los contactos que estas personas hacen con el exterior aunque se sabe que en las dependencias de Barajas hay más de 30 activistas saharauis perseguidos por Marruecos. Se ha prohibido el acceso a la zona del aeropuerto donde se encuentran estas personas, algunas de ellas en huelga de hambre, incluso a diputados y diputadas del Congreso español.

Estas personas no vienen de Marruecos si no que vienen del Sáhara Occidental, antes Sáhara español, la que fuera provincia española hasta la salida de España del territorio en 1976. Se trata pues, como dicen las Naciones Unidas de un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Es por eso por lo que estas personas no son marroquíes sino que son saharauis que buscan protección porque muchos de ellos y sus familias sufren acoso por su activismo en favor de la independencia del Sáhara Occidental a través de la celebración de un referéndum de autodeterminación que se le niega, donde puedan elegir que quieren ser como pueblo. Llevan así esperando desde 1976.

El Ministerio del interior ha ordenado varias órdenes de deportación de algunas de estas personas donde les espera un futuro incierto. Ha lanzado incluso un argumentario a la prensa para que dejen de hablar de deportaciones. Hasta su socio en el Gobierno de coalición ha utilizado este término para describir la actuación del Ejecutivo. El que sean originarias de un territorio no autónomo no es un tema menor; el ministro lo sabe y además lo sabe muy bien. Tanto es así que advirtió en el auto 40/2014 redactado como juez de la Audiencia Nacional que "España sigue siendo la Potencia Administradora del Territorio" y tiene la obligación de "dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso".

La mayoría de estas peticiones de protección internacional, concluyen en denegaciones sistemáticas del derecho de asilo que les asiste, en concordancia con las obligaciones internacionales que en esta materia tiene el Estado español. Es así por ejemplo el Art. 73 de la Carta de la ONU donde le impone, como potencia administradora del territorio que es, el deber de proteger al pueblo saharaui. Conculca también la Convención Ginebra sobre lo que respecta a personas perseguidas por sus ideas e inclusive también contraviene el Acuerdo España-Marruecos en materia devolución ya que como se ha citado esas personas ni son marroquíes ni proceden de ese país.

La situación es tan escandalosa que hasta Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se han manifestado en sendos comunicados contra la expulsión de estos activistas saharauis afirmando que los saharauis en los territorios ocupados por Marruecos, especialmente los activistas que defienden los derechos humanos, sufren constantes y graves violaciones a sus derechos. Informes de organismos internacionales como el Comité Contra la Tortura de la ONU y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias han confirmado estos abusos.

Sólo recordar que el Parlamento Europeo condenó en 2021 la utilización de menores por parte de Marruecos en la crisis diplomática de Ceuta cuando fomentó el cruce irregular de miles de personas, dando órdenes directas a sus guardas de fronteras para que no actuasen. Cuando en materia de Derechos Humanos se menciona a Marruecos como se dice coloquialmente “poca broma”.

Se debe exigir al Estado español que respete y garantice el principio de no devolución, asegurando que ninguna persona sea regresada a un territorio donde su vida o su libertad, y la de su familia, corren peligro.

Todo esto tiene que ver con la situación actual del Sáhara Occidental, donde sigue sin completarse el proceso de descolonización. Esto trae consecuencias para la población civil por la ocupación y colonización que todavía persisten, sin que se respete su derecho a decidir por sí mismos, algo fundamental en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Internacional de Derechos Humanos.

Por no hablar que todo esto obedece al cambio de postura aún sin explicar del Gobierno español con respecto al Sáhara Occidental, que sin duda tiene que ver con el espionaje realizado por Marruecos a los móviles de varios miembros de nuestro gobierno y de cuyo contenido quizás, ojalá, algún día nos enteremos. Y así definitivamente sepamos lo que le debe nuestro Gobierno a Marruecos.

Enrique Gómez es miembro de Um Draiga y autor del libro “Una mirada al Sáhara Occidental”.

 

¿Es verdad que todas las opiniones son respetables? Por José A. Marina, catedrático de Filosofía y escritor

Conclusiones Abogada General: entre la cautela y el ver las orejas al lobo, por Enrique Gómez

 La Abogada General ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), emitió tres dictámenes publicados conjuntamente el pasado 21 de marzo de 2024. Dos de los asuntos, consisten en recursos contra dos sentencias de anulación dictadas por el Tribunal General de la UE. El tercero surge de una cuestión preliminar planteada por el Consejo de Estado francés en relación al etiquetado de los productos originarios del Sáhara Occidental.

A modo de resumen sus conclusiones serían:

1. el Tribunal de Justicia debería anular la Decisión del Consejo por la que se celebra el Acuerdo de colaboración en materia de pesca sostenible con el Reino de Marruecos (+)

1. el Tribunal General incurrió en error al anular la decisión por la que se aprobaba, en nombre de la Unión Europea, un acuerdo arancelario preferencial con el Reino de Marruecos relativo al territorio del Sáhara Occidental (+)

1. los melones (sandías) y tomates procedentes del territorio del Sáhara Occidental deben llevar una etiqueta de “país de origen” que refleje su origen en ese territorio (+)

1. El Frente Polisario no está autorizado a expresar el consentimiento del pueblo saharaui; 

1. Marruecos puede ser considerado la “potencia administradora” del Sáhara Occidental y celebrar acuerdos “en nombre del pueblo saharaui”; 

1. En los acuerdos debe establecerse un tratamiento separado para el Sáhara Occidental.

1.- El Frente Polisario no está autorizado a expresar el consentimiento del pueblo saharaui  
2.- Marruecos puede ser considerado la “potencia administradora” del Sáhara Occidental y celebrar acuerdos “en nombre del pueblo saharaui”
3.- En los acuerdos debe establecerse un tratamiento separado para el Sáhara Occidental

En los casos relativos a la celebración de acuerdos económicos entre la UE y Marruecos, se trataba de ver y saber en qué condiciones y de qué manera era posible extender sus efectos al Sáhara Occidental teniendo en cuenta su condición como territorio no autónomo, el derecho a la autodeterminación del que goza el pueblo saharaui y las sentencias dictadas en esta materia por el Tribunal de Justicia de la UE en instancias anteriores.

El Tribunal, había establecido que cualquier aplicación de acuerdos en el Sáhara Occidental debería, en aplicación del derecho a la autodeterminación y en aplicación al principio del efecto relativo de los tratados, reconocer un estatus distinto para este territorio y recibir la expresión del “consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental”.

El Consejo y la Comisión consideraron que era posible cumplir con los requisitos formulados por el Tribunal mediante la realización de determinadas consultas a actores del Sáhara Occidental, a pesar de la oposición del Frente POLISARIO, y sobre la base del consentimiento de Marruecos, asimilado a una “potencia administradora de facto” del territorio, con la aclaración de que los acuerdos se entienden “sin perjuicio de las posiciones respectivas de la Unión Europea sobre el estatuto del Sáhara Occidental y del Reino de Marruecos sobre dicha región”.

El dictamen de la Abogada General intenta validar esta hipótesis que consiste en vaciar, en gran medida, el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

La tesis defendida por la Abogada general consta de tres puntos: 

“Tan pronto como el pueblo saharaui haya ejercido su derecho a la autodeterminación, adquirirá la capacidad de expresar su consentimiento a un acuerdo internacional vinculante en su territorio, o incluso de celebrar él mismo dicho acuerdo. Antes de eso, el pueblo saharaui no podrá expresar su consentimiento a quedar vinculado por un acuerdo internacional”.

“En el caso particular del pueblo del Sáhara Occidental, no existe ningún representante elegido o aceptado que pueda expresar su consentimiento en nombre de este pueblo. Incluso si el Frente Polisario participa en las negociaciones políticas sobre la resolución de la cuestión del Sáhara Occidental, este papel no es el mismo que el de un representante electo o reconocido del pueblo saharaui que expresa sus aspiraciones colectivas. Este último papel sólo puede asignarse mediante el ejercicio del derecho a la autodeterminación por parte del pueblo saharaui, que la comunidad internacional sigue siendo incapaz de organizar. El pueblo saharaui no puede expresar su posición sin un representante elegido o reconocido colectivamente”.

Obvia la Abogada, que la propia Asamblea General de la ONU, calificó al Frente POLISARIO como “representante del pueblo del Sáhara Occidental” en el proceso de negociación liderado por Naciones Unidas para “alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que permita la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”. El Frente POLISARIO es mencionado sistemáticamente como la (única) parte que lleva a cabo conversaciones en nombre del pueblo saharaui.

“En lo que respecta al Sáhara Occidental, las instituciones políticas de la Unión no consideran al Reino de Marruecos como potencia ocupante o soberana, sino como potencia administradora”

En este caso, la Abogada no solo obvia las resoluciones de las Naciones Unidas, sino también, las propias sentencias, en las que como en la del 22 de septiembre de 2022, se reconoce que el Sáhara Occidental está sometido a una ocupación, considerando al territorio como uno de los territorios cuyo proceso de descolonización aún está inconcluso. 

“La única obligación que el Tribunal consideró vinculante para la Unión Europea sobre la base del derecho a la autodeterminación en la sentencia Consejo/Frente del Polisario era tratar el territorio del Sáhara Occidental como separado del territorio del Reino de Marruecos. Considerar al Reino de Marruecos como potencia administradora en el sentido del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas no ignora esta obligación. Por el contrario, la atribución unilateral al Reino de Marruecos del estatuto de potencia administradora, acompañada de todas las obligaciones conexas que se derivan de dicho estatuto, priva a este Estado de toda soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental”

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Sobre el etiquetado asunto C-399/22 Confédération paysanne (Melones y tomates del Sáhara Occidental), «los melones (sandías) y tomates procedentes del territorio del Sahara Occidental deben llevar en su etiquetado una referencia al «país de origen» que refleje su procedencia de dicho territorio. Estos productos no pueden indicar Marruecos como país de origen».

A pesar de la buena noticia y viendo como actúa Marruecos seguirá etiquetando los productos agrícolas usurpados al pueblo del Sáhara Occidental etiquetándolos en Agadir.

Para el Frente POLISARIO “Transponiendo la jurisprudencia del Tribunal sobre los productos procedentes de los asentamientos de la Palestina ocupada al caso del Sahara Occidental, esta solución ilustra la cercanía entre la causa del pueblo saharaui y la del pueblo palestino.”

A la vista de las conclusiones de la Abogada General, juristas de reconocido prestigio se han pronunciado al respecto, considerando que dichas conclusiones son nefastas además de un ataque directo al Derecho Internacional.

• La abogada general no fundamenta jurídicamente ni con hechos, en contra de lo establecido por Naciones Unidas, por qué el Frente Polisario no es el representante del pueblo del Sáhara Occidental competente para expresar su deseo o dar su conformidad, como tercero que es, respecto a acuerdos que afecten al territorio, y que por ellos pueda ser marginado de la negociación de cualquier acuerdo internacional sobre el territorio.
• La abogada general al reconocer a Marruecos como potencia administradora, sin que el Derecho Internacional lo avale y contra la propia posición de Marruecos, se desvía de lo establecido por las Naciones Unidas que afirman con claridad que Marruecos no es la potencia administradora del Sahara Occidental.
• La abogada general falta a la verdad al decir que “las instituciones políticas de la Unión Europea no consideran a Marruecos como potencia ocupante”.

A pesar de todo se debe ser optimista. Y como dice el Frente POLISARIO es necesario tener cautela, ya que se trata de las conclusiones de la Abogada General y no de las sentencias del Tribunal de Justicia, del que esperamos que sea más respetuoso con el derecho a la autodeterminación sobre los casos concernientes al Sáhara Occidental.

Sáhara Occidental: ¿jugada maestra?

Recientemente se han cumplido dos años desde que nos enteramos por un comunicado de la Casa Real marroquí, del cambio de postura del presidente Sánchez con respecto al Sáhara Occidental a través de una presunta carta, de la que el propio Gobierno español es incapaz de hacer público el original y que Pedro Sánchez dijo haber remitido a Marruecos.

Se nos vendió, que tras el cambio de postura, se abriría una “etapa sin precedentes” en las relaciones entre España y Marruecos y esta etapa se formalizó con un acuerdo de 16 puntos que se publicaron tras la visita a Marruecos del presidente Sánchez en abril de 2022.

Como se sabe Marruecos cerró en marzo de 2020 las aduanas de Ceuta y Melilla. Es fácil entender que el cierre de las mismas ha supuesto un importante coste económico para las dos ciudades autónomas. A día de hoy y tras el acuerdo firmado, las aduanas siguen cerradas para desesperación de los comerciantes y ciudadanos de ambas ciudades.

Marruecos aún sigue insistiendo en ampliar sus aguas que en la actualidad pertenecen a Canarias y sigue exigiendo gestionar el espacio aéreo del Sáhara Occidental. 

En el plano internacional, recientemente la abogada de la UE, ha publicado dos opiniones respecto a los acuerdos UE-Marruecos comerciales y de pesca por un lado, y sobre el etiquetado de los productos que provienen del Sáhara Occidenta por otro.

La abogada de la UE ha concluido que el Acuerdo de Pesca debe anularse, porque “no respeta suficientemente el carácter “separado” y distinto” del territorio del Sáhara Occidental y las aguas adyacentes”. Y sobre el etiquetado ha afirmado que éste debe llevar una referencia al “país de origen” que refleje correctamente su procedencia y que éstos productos (sandías y tomates)  no pueden indicar Marruecos como país de origen”.

Todas las sentencias de los tribunales de la UE han reafirmado desde que en 2015, el Tribunal General de la UE anulara la aplicación al Sáhara Occidental del acuerdo comercial UE-Marruecos, que el Sáhara Occidental es un territorio separado y distinto de Marruecos.

Como respuesta a estas opiniones de la abogada de la UE en las que apoyaba el estatus legal del pueblo del Sáhara Occidental, el Gobierno alauita ordenaba días después, maniobras militares frente a las costas canario-saharauis para tratar de lanzar un mensaje a la UE para que quede clara la “soberanía” de Marruecos sobre esas aguas después del varapalo recibido. 

Este despropósito marroquí, lo realiza una vez más calentando la “zona gris” del conflicto a sabiendas de la tibieza de España y su voluntad de no actuar ante las continuas provocaciones que hace Marruecos. Sigue utilizando la inmigración en función de sus intereses, y como niño mimado al que se le da todo lo que pide, ha aprendido y usa a voluntad la inmigración para presionar a Europa y, especialmente, a España.

Cabe recordar el asalto a la valla de Ceuta en el que como recordó el parlamento Europeo, Marruecos utilizó a migrantes, principalmente a niños marroquíes, para presionar a España y conseguir cambiar su política respecto a la cuestión saharaui. 

Recientemente el presidente Sánchez compareció en el Pleno del Congreso de los Diputados para hablar de las relaciones España-Marruecos. No pronunció ni una sola referencia al Sáhara Occidental. De nuevo, PP, Sumar, ERC, BNG y CC, le volvieron a reprochar la falta de explicaciones al giro radical que dio respecto al Sáhara sin obtener respuesta alguna del presidente. Es el día de hoy en el que todavía sigue sin dar explicaciones del cambio de postura.

Llegados a este punto cabría preguntarse: ¿Qué motivó al presidente Sánchez a romper un consenso sobre la excolonia de la que España sigue siendo potencia administradora? ¿Pudo deberse al espionaje del contenido de sus móviles con el sistema Pegasus? ¿Qué beneficios ha obtenido España? ¿Que ha llevado al presidente a seguir en una sinrazón en la que no le apoyan ni siquiera sus socios de Gobierno? ¿No resulta un poco hipócrita, como se le ha dicho en sede parlamentaria, darse golpes de pecho por Palestina mientras abandona a los saharauis? 

Enrique Gómez Caballero, miembro de Um Draiga autor del libro “Una mirada la Sáhara Occidental”

Publicado en el Heraldo de Aragón el 18 de abril de 2024

Los saharauis y el PSOE

Se va a cumplir un año desde que el presidente Sánchez diese un giro a la tradicional postura que los diferentes Gobiernos de la democracia habían mantenido hasta ese momento sobre el conflicto del Sáhara Occidental. En este giro, Sánchez, apostaba por la autonomía para el Sáhara Occidental en Marruecos. Esto, obviamente sin contar con la población concerniente, es decir, sin tener en cuenta a la población saharaui.

Esta decisión del Gobierno de Sánchez es similar a la del último Gobierno de la dictadura, cuando éste, entregó una semana antes de la muerte de Franco el Sáhara a Marruecos y a Mauritania tras la firma de los llamados “Acuerdos Tripartitos de Madrid”. Ambas decisiones afortunadamente no cambian la naturaleza jurídica del conflicto, y cabe recordar que España sigue siendo de “iure” la potencia administradora del territorio.

Lo que nadie se esperaba, es que en democracia, nos enteráramos de la decisión del presidente no por él ni por el ministerio de Asuntos Exteriores, sino a través de un comunicado de la casa real marroquí. Es decir, nos enteramos cuando y como quiso Marruecos.

Lo que nadie se esperaba es que en democracia, el presidente tomara semejante decisión sin consultar con su socio de Gobierno y sin haber discutido el expediente en el Consejo de Ministros. Y lo que es más grave, el presidente del Gobierno, viajó en abril del año pasado a Rabat sin el apoyo ni del Congreso ni del Senado que votaron sendas resoluciones en contra del cambio de postura del Gobierno de España.

A partir de ese cambio, el PSOE comenzó una campaña feroz contra el pueblo saharaui, votando incluso en contra en el Congreso de los Diputados una enmienda para ayudar a los campamentos de población refugiada saharaui. 

Muchos dirigentes del PSOE como Zapatero, Moratinos o Trujillo, han visitado el Sáhara Occidental y Marruecos en un ejercicio de blanqueo de la ocupación. En este devenir de dirigentes socialistas, la ex ministra de trabajo del PSOE,  Maria Antonia Trujillo, declarada pro-marroquí, llegó a afirmar en varias ocasiones que Ceuta y Melilla "suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos" y "son vestigios del pasado que interfieren" en sus relaciones con España. Y el eurodiputado y exministro Aguilar, días antes de la RAN celebrada en Marruecos, declaraba que con Marruecos “si hay que tragar sapos, se tragan”.

La feroz campaña del PSOE contra el pueblo saharaui, también llegó al Parlamento Europeo. En enero se votaba una resolución a través de la cual se “instaba a Marruecos a respetar los derechos humanos”. El PSOE votó en contra, fue el único partido socialdemócrata que votó en ese sentido.

Mientras tanto, lo que sí ha conseguido el presidente Sánchez, es que en este nuevo marco de la política de “buena vecindad” respecto a Marruecos, España se enfrente geopolíticamente con Argelia, un actor relevante y que, gracias a la crisis de Ucrania, se ha convertido en una alternativa para la compra de gas ruso. Seguro que Italia, Francia y Portugal le agradecen les haya allanado el camino con Argelia.

Ha conseguido que empresas españolas en Argelia, preparen una reclamación patrimonial contra el Estado por los daños originados por el giro con respecto al Sáhara Occidental. En este contexto, empresarios españoles lamentaban la “decepción” cuando tras la reunión con un representante del ministerio de Industria español, les admitieron  “no haber previsto las consecuencias” del cambio de posición del Gobierno en el Sáhara, a la vez que descartaban retractarse porque ello “supondría otro problema con Marruecos”. 

Y claro, en este nuevo marco de la política de “buena vecindad” con Marruecos están incluidas Ceuta y Melilla, por que si no es así ¿cómo es posible que alguien que viera las imágenes de la masacre de Melilla puede comprender las declaraciones del presidente del Gobierno diciendo que el trabajo de la gendarmería estaba  “bien resuelto” ante esta inhumana masacre a migrantes?.

A la vista de este cambio de postura, de su política de sumisión y del blanqueo de la ocupación del Sáhara Occidental cabría preguntarse: ¿Qué le deben a Marruecos, el presidente Sánchez y el PSOE?

 Enrique Gómez es miembro de Um Draiga

Publicada en Heraldo de Aragón el 16 de marzo de 2023